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RECOMENDACIÓN 18/2012

México, D.F, a 13 de Agosto de 2012



ACUERDO DE NO ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIÓN

 

Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió la Recomendación 18/2012 a JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ, ADMINISTRADOR LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, solicitándole que adoptara de inmediato las medidas correctivas consistentes en dejar sin efectos los requerimientos identificados con los números de control 1014064102909R, 1214064102909R y 1314064102909R, así como cancelar las multas impuestas a la contribuyente ************* mediante resoluciones con números de control 1514064102909D y 1514064102909E, lo que constituyó motivo de la queja que dio origen a la presente Recomendación.

El diez de agosto de dos mil doce, mediante oficio número 700-38-00-00-00-2012-1556 de la misma fecha, el Licenciado JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ, ADMINISTRADOR LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, informó a esta Procuraduría que NO ACEPTABA la Recomendación que le fue dirigida, al tenor de los siguientes argumentos:

  • Que ésta Procuraduría consideró incorrectamente el hecho que la carta invitación estuvo vinculada con los requerimientos de obligaciones, ya que si bien es cierto que el número de control de la carta invitación, de los requerimientos de obligaciones y de las multas impuestas a la quejosa, resultan similares (sic), no significa que la carta invitación constituya la base de los subsecuentes documentos, pues la identidad en números de control obedece exclusivamente a un control interno de identificación.
  • Que los requerimientos formulados a la quejosa tienen una naturaleza distinta a la carta invitación, pues éstos fueron emitidos por la autoridad responsable en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 41 del Código Fiscal de la Federación y 16, primer párrafo, en relación con el 14, fracción LX, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
  • Que el principio de buena fe que impera en las actuaciones de los contribuyentes, no puede aplicarse de modo irrestricto, ya que en primera instancia esta Procuraduría debió analizar si a través de los escritos libres la contribuyente solventó las irregularidades detectadas por esa Autoridad.
  • Que esa Autoridad atendió de manera fundada y motivada los escritos libres presentados por la contribuyente, mediante el oficio número ************ de 25 de junio de 2012, notificado el 12 de julio del mismo año.
  • Que esa Autoridad atendió de manera fundada y motivada los escritos libres presentados por la contribuyente, mediante el oficio número 700-38-00-01-00-2012-3215 de 25 de junio de 2012, notificado el 12 de julio del mismo año.
  • Que no puede atender a las medidas correctivas recomendadas, en virtud de que la contribuyente no acreditó que no se encuentra obligada a presentar declaración del ejercicio 2009, además de que esa unidad administrativa no tiene competencia para dejar sin efecto las multas impuestas conforme a las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
  • Que no puede atender a la segunda recomendación propuesta en virtud, de que a su decir el artículo 27 de la Ley Orgánica de esta Procuraduría limita el alcance de sus recomendaciones a casos concretos, además de que desconoce si a nivel general y dentro de dicho órgano desconcentrado se ha suscitado una omisión en la atención a los escritos libres presentados por los contribuyentes derivados del “Acuerdo de conclusión de los procedimientos de queja, relacionados con las cartas invitación derivadas del Programa de Regularización ISR 2009”.

 

Ahora bien, a juicio de este Organismo, tales argumentos carecen de relación alguna con la Recomendación y medidas correctivas propuestas, por lo siguiente:

  • Resulta evidente que la autoridad recomendada pretende evadir su responsabilidad en el presente asunto, ya que si bien es cierto los requerimientos a los contribuyentes son emitidos con fundamento en los artículos 41 del Código Fiscal de la Federación y 16, primer párrafo, en relación con el 14, fracción LX, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, lo cierto es, que en la especie los requerimientos identificados con los números de control 1014064102909R, 1214064102909R y 1314064102909R, fueron originados con base en los argumentos desarrollados en las cartas invitación enviadas a los contribuyentes derivadas del denominado programa “Regularización ISR 2009”, siendo en consecuencia el número de control interno el que sin lugar a dudas vincula dichos actos.
  • Asimismo, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable la Recomendación Pública 18/2012, fue emitida con base en la integridad de constancias que obran en el expediente administrativo en que se actúa, del cual se desprende que independientemente de la idoneidad de los argumentos plasmados por la contribuyente en sus escritos libres con los que pretendió aclarar su situación fiscal, es evidente que los mismos fueron presentados en atención a los requerimientos formulados por esa autoridad, por lo que hacer caso omiso de ellos e imponer multas ante el supuesto incumplimiento de aquellos, torna ilegal la actuación de esa autoridad.
  • En el mismo sentido, si bien esa Unidad Administrativa dio respuesta a los escritos libres presentados por la contribuyente en atención a los requerimientos que le fueron formulados, mediante oficio de veinticinco de junio de dos mil doce, la misma debió emitirse previo a la emisión de nuevos actos de molestia y a la imposición de multas a la contribuyente, a efecto de respetar sus derechos fundamentales de petición, legalidad, seguridad y certeza jurídica consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 4, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
  • Finalmente, suponiendo sin conceder que efectivamente la autoridad haya atendido al derecho de petición de la contribuyente, este Organismo advierte de la simple lectura a la respuesta recaída a sus escritos libres, que la misma adolece de los mismos vicios de fundamentación y motivación en términos del artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ya que únicamente señala un tratamiento genérico sin analizar la situación real y concreta plasmada por la contribuyente, razón por la cual las multas impuestas en su contra son ilegales.

 
Además, si bien es cierto que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está facultada para emitir Recomendaciones y no Resoluciones, ello no puede ser pretexto para que las autoridades aduzcan que no pueden aceptarlas ni efectuar las medidas correctivas correspondientes, pues al ser la Procuraduría un Organismo no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, cuya naturaleza se ubica y encuentra fundamento en el texto del segundo párrafo del artículo 102 Apartado B de nuestra Constitución Política, la aceptación de sus Recomendaciones legitima desde luego a las autoridades para emitir los actos necesarios adoptando las medidas correctivas que se recomienden. Razonar al contrario sería tanto como desconocer la naturaleza misma del Organismo protector de derechos.

Resulta evidente que la autoridad a la que se le dirigió la Recomendación no tomó en cuenta las observaciones realizadas por esta Procuraduría en el cuerpo de aquélla, ya que en ella se señaló, además, como fundamento, el artículo 25 de su Ley Orgánica, el cual interpretado a contrario sensu faculta a la autoridad para aceptar la Recomendación y adoptar en consecuencia las medidas correctivas que conlleve, tales como dejar sin efectos los requerimientos identificados con los números de control 1014064102909R, 1214064102909R y 1314064102909R, así como cancelar las multas impuestas a la contribuyente *************.

En este sentido, en consideración de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al persistir la autoridad en la realización de actos que causan flagrantes violaciones a los derechos de los contribuyentes, como sucede en el caso, bajo argumentos que carecen de fundamento y lógica jurídica, ocasiona no sólo una afectación directa en la contribuyente violentando sus derechos como pagador de impuestos, sino de igual modo causa una afectación a la colectividad, pues se obliga al gobernado a promover medios de defensa innecesarios los cuales son ventilados en Tribunales, cuyos procesos revisten mayor especialización de las partes litigantes y mayor dilación que el procedimiento de protección no jurisdiccional de derechos; tribunales que son sufragados precisamente a través de las contribuciones, de ahí que la no aceptación de la Recomendación que nos ocupa constituye una desatención de la obligación de todas las autoridades del país, a interpretar los derechos, en este caso de los contribuyentes, de la manera que más favorezca a la persona, como lo mandata el nuevo texto del artículo 1° Constitucional.

Consecuentemente, dado que el Licenciado JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ, ADMINISTRADOR LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO ACEPTÓ LA RECOMENDACIÓN 18/2012 que le fue dirigida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y 61, 62 y 63 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la misma, SE ACUERDA HACER PÚBLICA LA NO ACEPTACIÓN A DICHA RECOMENDACIÓN A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE.

Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el punto resolutivo CUARTO de la presente recomendación.

DESE VISTA al titular del Órgano de Control Interno en el Servicio de Administración Tributaria con copia de las constancias que se estimen necesarias, para que en ejercicio de sus atribuciones inicie la investigación de los hechos materia de la presente Recomendación.

 

REMÍTASE el presente expediente al archivo de Recomendaciones no aceptadas.

 

 

LA PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

 

LIC. DIANA ROSALÍA BERNAL LADRÓN DE GUEVARA.


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